Según la normativa española, la ley dicta la obligación de garantizar a la ciudadanía un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio. Algo que no sería muy noticiable si no fuera por la carrera global en la que medio mundo está inmerso.
El recientemente aprobado Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia viene a corroborar esta síntesis, desde un marco jurídico que quiere facilitar y promover la digitalización, regulando sus servicios y reforzando la seguridad jurídica en este ámbito.
Base digital para el Plan Justicia 2030
Cómo destacábamos en este artículo, la seguridad jurídica es la garantía que nos presta el Estado contra cualquier mal causado sobre nuestros bienes y derechos, por lo que la protección y la reparación de estos, es consecuencia directa de su significado.
El Anteproyecto de Eficiencia Digital constituye una base legislativa sólida, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa, de cara a transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente dentro del Plan Justicia 2030.
Según se ha podido conocer, la norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia para después consolidarse.
Al final, la solución que ha traído la telematización de estos procedimientos ha aliviado la acumulación de trabajo en las salas de lo penal, al tratarse de un sistema rápido y ágil que está optimizando el rendimiento de estos órganos y además, supone un ahorro considerable en el desplazamiento.
Desde el Ministerio de Justicia destacan la importancia de situar a la Administración a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea, algo que con la aprobación de este nuevo reglamento es posible.
El objetivo de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio hace también posible, la cohesión social, mediante un servicio público “cercano, rápido y eficaz”.
Un servicio personalizado con orientación al dato
Este es uno de los puntos que más pueden convencer a la ciudadanía, ya que la digitalización de los procesos jurídicos traerá consigo un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios que no tendrán porque ser presenciales, evitando las esperas y garantizando un entorno seguro.
Además, se contempla la regulación de los sistemas de identificación y firma digital electrónica, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales llevados a cabo de forma telemática.
Por otro lado, la eficiencia digital contempla la transición de una tramitación orientada al documento a una tramitación orientada al dato. Significa que, a través del análisis de los datos generados por la Administración de Justicia, se podrá realizar un mejor diseño de las políticas públicas.
El Anteproyecto introduce otras medidas como son el derecho a la desconexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral; la cita previa; el trabajo deslocalizado; o la reducción o eliminación de brechas económicas y sociales, entre otras.
Poco a poco, las administraciones se van a ir digitalizando, aunque en algunos casos vaya a llevar más tiempo que otras; la transformación que nos atañe no deja de ser un recurso universal en términos de accesibilidad que la población no va a dejar de demandar.
