Las inspecciones fiscales conjuntas en el marco de la Unión Europea serán una realidad dentro de poco. Concretamente en dos años, cuando los funcionarios de los diferentes Estados miembros deban elaborar y entregar al contribuyente de forma obligatoria, un informe final.
La norma se recoge en el anteproyecto de ley que está ultimando el Ministerio de Hacienda en nuestro país, cuyo reglamento modificará la Ley General Tributaria (LGT) para transponer la Directiva DAC7, sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
Regulación aplicable de cada país
En concreto, el objetivo es regular los procedimientos para lanzar inspecciones fiscales conjuntas con otros países, a través de las cuales, Hacienda espera recaudar más impuestos y, a su vez, reducir algunos costes administrativos.
La regulación aplicable en las inspecciones conjuntas será la española, con las particularidades que se dispongan, salvo que las actuaciones se desarrollen en otro país de la UE. En tal caso, se aplicarán las disposiciones de ese Estado en particular.
No obstante, actuar en otro país nunca implicará que los funcionarios españoles puedan ejercer competencias no conferidas por la normativa española. Además, Hacienda designará un representante para coordinar y facilitar el desarrollo práctico de este tipo de actuaciones.
Como decimos, el intercambio de información entre distintos países producirá un ahorro de costes tanto para las Administraciones tributarias europeas como para los obligados tributarios concernidos, “por cuanto evitará la posible multiplicación de las obligaciones de información en cada uno de los respectivos Estados miembros”, según destacan desde el Gobierno.
Medios electrónicos y plataformas digitales
El anteproyecto es una de las medidas en materia fiscal para adaptarse a la "digitalización de la economía". Se une, de hecho, al impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google), cuya recaudación en 2021 fue de 166 millones de euros, según los datos avanzados por el Ministerio de Hacienda.
Aún con todo, el objetivo para el pasado año era de 968 millones de euros, motivo por el cual desde la Agencia Tributaria se ha hecho hincapié en incluir nuevas propuestas en materia de reforma fiscal, de cara implementar nuevos impuestos para la economía digital.
Sobre las modificaciones relativas al régimen de presencia de funcionarios en España y viceversa, se reconoce la capacidad de participación en actuaciones mediante medios de comunicación electrónicos, además de la posibilidad de actuación a través de estos medios en los controles simultáneos.
Por otro lado, la trasposición obligará a los operadores de plataformas digitales a proporcionar más información sobre los vendedores o prestadores de servicios que operan en ellas a la Agencia Tributaria. El objetivo es conocer los domicilios fiscales de las empresas que venden productos en estas plataformas o de las personas que ofrecen servicios a través de ellas.
Además, las plataformas deberán estar registradas ante la Agencia Tributaria y será la administración española la que intercambie estos datos con otros países de la Unión Europea. Unas obligaciones que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
Por último, es importante destacar que el incumplimiento de esta norma se considerará grave y se sancionará con una multa fija de 200 euros por cada vendedor cuya información se haya omitido a la administración y con 300 euros si los datos son inexactos, incompletos o falsos.
