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Hacienda tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales

Registro de Titularidades Reales Hacienda

Poner fin a la obtención ilícita de dinero a través del blanqueo de capitales es desde hace mucho una de las tareas pendientes en la economía mundial. Según datos del Banco Central Europeo, el movimiento de capitales a través de actividades de blanqueo constituye el 2,7% del PIB mundial.

Por ende, el control de estas titularidades, así como la eliminación de las acciones al portador constituyen un objetivo prioritario para acabar con estas infracciones. Ahora, la Agencia Tributaria ha firmado un nuevo convenio con el Colegio de Registradores en virtud del cual tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales.

Un paso necesario en la lucha contra el blanqueo

Hasta 1995 existía la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Mercantil de la titularidad de las participaciones sociales. Tras varios cambios, las soluciones quedaron relegadas exclusivamente a la constancia en el Libro registro de socios, un libro privado con ausencia de publicidad y de fe pública registral salvaguardada por los Tribunales de Justicia.

El nuevo registro, creado al amparo de la normativa europea sobre prevención del blanqueo de capitales, se encarga de informar sobre la titularidad real por parte de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% del capital social de una entidad.

El objetivo está centrado en combatir aquellas modalidades de fraude fiscal en las cuales se utilizan entramados societarios opacos para defraudar. De esta forma se facilita que se puedan detectar conductas fraudulentas de entidades aparentemente no vinculadas entre sí.

Entre ellas, se pueden encontrar ejemplos como la facturación recíproca para eliminar beneficios de grupo, el desplazamiento ilícito de rentas hacia entidades sin tributación efectiva, la obtención de devoluciones improcedentes o el alzamiento de bienes, entre otras.

Protocolos y comunicación más eficaces

De la misma forma que la justicia europea se ha unido para afrontar la transformación digital en pro de una colaboración más fructífera contra el fraude digital, este convenio también establece protocolos más eficaces de comunicación electrónica entre ambos organismos con el objetivo de detectar irregularidades de forma mucho más ágil.

Ahora solo falta que se dote a la inspección de más medios y tiempo para poder centrar su labor en las grandes empresas y corporaciones, en lugar de hacerlo en pymes y autónomos. Esto es porque al final, resulta más complicado inspeccionar a grandes corporaciones capaces de crear un entramado complejo con el que defenderse.