El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Transparencia, más conocida como la ley de lobbys, una normativa que busca regular en toda Europa las relaciones y reuniones entre los políticos, ya sean gobernantes o legisladores, y los poderes económicos.
Se trata de una normativa de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés por la que los cargos públicos deberán revelar sus reuniones privadas con empresas. Una reivindicación histórica de las autoridades europeas de cara a legislar sobre las conexiones entre política y economía.
¿Fin a las puertas giratorias?
Por todos es conocido que dentro del sector empresarial español existe una potente maquinaria de influencia (en ocasiones privilegiada) con los poderes públicos. Organizaciones y empresas con expolíticos en nómina cuyo trabajo consiste en intentar defender los intereses de sus clientes tanto con el poder ejecutivo como con el legislativo.
Ahora el Gobierno lanza una nueva ley que pretende regular esta relación que, hasta ahora, siempre ha contado con escasa transparencia. Esto es porque ningún gobierno se libra de estas prácticas.
Desde siempre, los lobbys, entendidos como grandes corporaciones que se dedican a influir sobre los políticos para modificar determinadas normas han influido en el panorama legislativo de una u otra forma con movimientos que se pretenden ahora limitar.
La futura ley intentará, por tanto, regular este trasvase fijando un periodo de incompatibilidad de dos años para ejercer este tipo de labores. Es una obligatoriedad ya vigente en el caso de que el recorrido sea entre la Administración y la empresa privada.
Una iniciativa pionera en España cuya medida estrella es el registro unificado y obligatorio de entrevistas entre grupos de presión y políticos. Así, si un cargo de un ministerio se reúne con una patronal deberá aparecer en este registro.
A partir de un registro público, accesible y actualizado, la acción a llevar a cabo dependerá de la oficina de conflicto de intereses y estará disponible a través del portal de transparencia. Para ello, la futura norma pretende definir qué entidades deben ser consideradas grupo de interés.
La CEOE y los sindicatos, excluidos del registro de lobbys
El punto más polémico del texto provisional es la exclusión de la consideración de estos grupos de interés a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Así lo señala la documentación del Anteproyecto que justifica que “el perjuicio de que puedan tener la consideración de grupos de interés las entidades creadas o financiadas por los mismos”.
Lo que quiere decir que si, por ejemplo, (y como viene siendo habitual), la CEOE se reúne con el Gobierno o con los grupos parlamentarios de Congreso y Senado para negociar determinadas enmiendas a una ley, no tendrán la obligación de dar a conocer esos contactos.
Precisamente, esta es una de las actividades principales de las patronales, que disponen de un área de relaciones con las Cortes específica y especializada en el contacto directo con los parlamentarios.
De todas formas, hay que tener en cuenta que entre los afectados habrá asociaciones y patronales sectoriales, pero también empresas que representen a sus clientes. La norma que inicia ahora su proceso de tramitación interna en el Gobierno, tras una larga fase de consulta pública, también establece la obligatoriedad de que hagan pública su agenda oficial.
