La Unión Europea lleva desde hace tiempo con la mosca detrás de la oreja. La transparencia empresarial es un objetivo que, a largo plazo, quieren cumplir en todos los países de cara al buen devenir financiero, que afiance el músculo de la recuperación post-pandemia.
Así, los gobiernos comunitarios y el Parlamento Europeo alcanzaron el pasado mes de junio un acuerdo político para exigir mayor transparencia a las multinacionales, a las que obligarán a publicar sus beneficios y los impuestos que pagan en cada país, incluyendo aquellas jurisdicciones que forman parte de los paraísos fiscales.
En busca de la total transparencia empresarial
La directiva que recoge esta medida afecta a las multinacionales cuya facturación sea de más de 750 millones de euros durante más de dos ejercicios consecutivos. En cuestión, todas aquellas empresas europeas o filiales de compañías extranjeras que deben hacer públicos datos como el número de empleados, sus ingresos, sus beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos pagados y los beneficios netos.
Un pacto consolidado en la misma línea temporal del acuerdo del G7, cuando se dispusieron a dar luz verde al impuesto mínimo de Sociedades para impedir que las gigantes multinacionales y grandes tecnológicas deslocalicen su sede a otro país más favorable en materia fiscal.
Se trata de un ajuste en las cuentas de las empresas, que permitirá ver con más claridad la actividad financiera de las grandes corporaciones y que según fuentes parlamentarias recogidas por El País, ha contado con el apoyo de los grupos del Partido Popular Europeo, Socialdemócratas, Renew, Los Verdes y la Izquierda.
Al final, toda esta información tendrá que ser individual para cada país de la UE. Para el resto del mundo, los grupos empresariales podrán presentar la información de forma agregada. De hecho, el alcance geográfico de la medida fue el punto que más dividió a los negociadores de la Eurocámara, representados por el gobierno de Portugal como presidencia de turno.
En este sentido, ha existido un debate sobre la naturaleza legal de la iniciativa legislativa ya que los países europeos que más se han opuesto a ella (Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Malta y Suecia) defienden que, al tratarse de una propuesta fiscal, debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales.
Revisión de la directiva dentro de cuatro años
Lo que sí ha conseguido el Parlamento Europeo es incluir una cláusula de revisión sobre la directiva dentro de cuatro años. En ese periodo, la Eurocámara aspira a poder justificar esa facturación y hacer ver a todos los países miembros la necesidad de aplicar esta medida.
La UE insiste en que es necesario que una empresa deba presentar esos informes, ampliar el alcance geográfico de la medida hasta tener que informar sobre la actividad en todo el mundo y poder rebajar la cláusula de salvaguarda.
El acuerdo alcanzado por la Eurocámara y el Consejo deberá ser respaldado ahora por los comités de Asuntos Económicos y Monetarios y Justicia, primero, y votado en pleno después. Un voto final que está previsto para después del parón de verano, según fuentes parlamentarias.
