La judicialización en las relaciones de la empresa con sus clientes insatisfechos representa uno de los hándicaps más importantes a evitar por estas compañías. Del lado del consumidor, si alguna vez has comprado un producto y tiene algún defecto o has contratado un servicio y no cumple las expectativas, tu intención será la de llegar a un acuerdo con el vendedor, evitando, en la medida de lo posible, acudir a un juez, al ser un procedimiento más largo y costoso.
Por este motivo, el Gobierno quiere ayudar a evitar que la cosa vaya a mayores cuando las relaciones entre empresa y cliente no sean las mejores, destinando 1,62 millones de euros a ayuntamientos y Comunidades Autónomas para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales.
¿Qué son las Juntas Arbitrales?
La Junta Arbitral de Consumo resuelve los desacuerdos de tipo económico o similares que se produzcan entre consumidores y empresarios, comercios o profesionales. Forma parte del Sistema Arbitral de Consumo, que está presente en todas las CC.AA. de España mediante Juntas Arbitrales.
La Junta Arbitral de Consumo no sanciona ni multa a las empresas implicadas en la correspondiente reclamación. Es por ello que, el arbitraje, siempre se muestra como una herramienta favorable para los consumidores.
El Gobierno financia los sistemas de resolución de conflictos entre empresas y clientes, como vía rápida, gratuita y alternativa al procedimiento judicial. La resolución de estas ayudas prevé que un total de 820.120 euros vayan destinados a las CC.AA. y otros 800.320 euros a las Juntas Arbitrales que son dependientes de los ayuntamientos.
Del total, el 40% de las ayudas se repartirán de forma lineal entre todas las instituciones que concurran y cumplan los requisitos en el proceso de selección. El 60% restante se concederá en función de los conflictos que hayan resuelto o del número de mediaciones efectuadas, entre otras variables.
A esta convocatoria se suman 1,3 millones de euros adicionales procedentes de los fondos europeos, destinados a la modernización y digitalización de los sistemas de arbitraje. Un proceso que se quiere reactivar para crear conciencia en la población, precisamente por el desconocimiento que existe de esta herramienta judicial.
Renovación de 96 Juntas Arbitrales
La creación de las Juntas Arbitrales son una competencia exclusiva del Estado y se constituyen mediante convenio entre el Ministerio y las administraciones públicas. A lo largo de 2021, Consumo ha renovado los acuerdos con 96 instituciones públicas para el funcionamiento del sistema extrajudicial.
Así, 19 juntas arbitrales autonómicas (incluyendo Ceuta y Melilla), 10 provinciales y 37 municipales han quedado actualizadas este año mediante este proceso. En el caso de los consumidores y usuarios, es importante saber antes de presentar una solicitud de arbitraje de consumo, si la empresa está adherida al Sistema Arbitral o no, ya que pueden apreciarse causas de inadmisión de la solicitud.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Consumo, el pasado año fueron recibidas en el ámbito de las CC.AA. un total de 52.823 reclamaciones en el sistema arbitral, de las cuales fueron atendidas 46.559.
Por sectores adheridos, destacan entre el resto, el número de solicitudes realizadas por parte de empresas de telefonía (fijo, móvil y proveedores de internet) o empresas de electricidad (contratación y suministros).
